Preguntas frecuentes
¿A qué empresas les aplica la Ley 21.595?
A toda persona jurídica, no solo a las grandes. La Ley 21.595 amplió de forma importante el catálogo de delitos por los cuales una empresa puede ser responsable penalmente, que antes estaba acotado por la Ley 20.393. Hoy incluye delitos económicos y ambientales, de modo que alcanza a prácticamente cualquier empresa con operación en Chile.
¿Qué pasa si no tengo modelo de prevención de delitos?
Quedas sin la principal defensa que la ley reconoce. Tener un modelo de prevención de delitos implementado y operando permite a la empresa demostrar que adoptó medidas para evitar el delito, y es lo que puede eximirla o atenuar su responsabilidad. Sin modelo, la empresa responde con su patrimonio y, en los casos graves, con su propia existencia.
¿Quién puede ser el encargado de prevención?
Una persona con autonomía respecto de la administración y con medios reales para ejercer la función: acceso a la información, presupuesto y canal directo con el máximo órgano de administración. Puede ser alguien interno o un tercero externo, que es la salida habitual en empresas donde esa independencia no existe internamente.
¿Hay que certificar el modelo o basta con implementarlo?
No hay obligación legal de certificar el modelo: lo que la ley exige es que esté implementado y operando de verdad. La certificación es voluntaria y sirve como evidencia adicional ante terceros, pero no reemplaza el funcionamiento real del modelo, que es lo que se revisa si hay un caso.
¿Cuánto demora implementarlo?
Entre 4 y 10 meses según el tamaño de la empresa, la cantidad de procesos expuestos y la complejidad de su operación. El tiempo se concentra en el levantamiento de riesgos penales y en dejar operativos los controles y el canal de denuncias, no en redactar el documento.